Dicen que en México el uniforme nunca garantiza limpieza, y si no que lo diga Hernán Bermúdez Requena, el flamante exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, quien de pronto dejó de mandar patrullas para empezar a acumular órdenes de aprehensión. El hombre que debía vigilar las calles terminó, según la Fiscalía, comandando una banda con nombre digno de novela barata: La Barredora. Y qué ironía, porque de barredora tuvo poco, más bien acumuló tanta mugre que ahora el hedor alcanza a políticos de alto calibre. Lo capturaron en Paraguay, no en un operativo cinematográfico, sino gracias a la luz prendida en una casa lujosa y los movimientos con una tarjeta de crédito de su sobrino. Un detalle de telenovela que terminó derrumbando la fachada del intocable.
No hubo extradición elegante ni discurso diplomático: el gobierno paraguayo simplemente lo expulsó como si fuera estorbo. Al aterrizar en México lo estaban esperando, y directo fue conducido al penal de máxima seguridad del Altiplano. Hoy está vinculado a proceso por secuestro, extorsión y delincuencia organizada, con tres meses de investigación complementaria que, si se toman en serio, podrían destapar un basurero todavía más grande. La cifra de años que podría enfrentar si le comprueban todo parece sacada de un concurso de exageraciones: más de 150. Pero más allá del número, el mensaje es que el “Comandante H” pasó de custodio a custodio, de uniformado a preso.
El problema es que su nombre no se entiende sin mencionar a Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y hoy figura política de Morena. Bermúdez no llegó solo a ese cargo, fue puesto ahí, avalado, blindado políticamente. Y ahora que las acusaciones pintan a su exsecretario como jefe criminal, la pregunta no es si Adán sabía, sino hasta dónde decidió no mirar. Qué ganotas de hacerse el ciego justo cuando el hedor estaba frente a su escritorio. Adán ha dicho que nunca recibió notificación alguna, pero esa frase suena más a miasma de evasión que a certeza. Morena, en su habitual danza de silencio selectivo, suspendió los derechos partidistas de Bermúdez, como quien esconde el cadáver debajo de la alfombra esperando que la peste se disipe sola.
Mientras tanto, Claudia Sheinbaum, que presume su bandera de combate a la corrupción, jura que no habrá impunidad. Pero este caso se le clava como un bubón mediático en plena cara: ¿cómo vender la idea de que el nuevo régimen purifica al país cuando el exsecretario de Seguridad de Tabasco resulta acusado de dirigir una organización criminal? El discurso se tambalea y la narrativa de limpieza se mancha con sangre y sospecha.
La historia de Bermúdez es la radiografía de un sistema enfermo: funcionarios que en público juran lealtad a la ley y en privado negocian con la ilegalidad. El operativo que lo sacó de Paraguay no es el final, es apenas la primera página de un expediente que amenaza con contagiar a medio gabinete tabasqueño y salpicar, sí o sí, a la carrera de Adán Augusto. Porque si algo demuestra este caso es que la peste no se queda encerrada, se propaga, huele, se mete en las rendijas del poder y deja al descubierto que en México, muchas veces, el verdadero crimen organizado lleva placa, escolta y despacho oficial.
